Causa YPF: Estados Unidos apoyará el pedido argentino de suspender el fallo de la jueza Loretta Preska

En tal sentido, el país apeló la decisión pero el pedido fue rechazado por Preska y ahora, el gobierno de Donald Trump, que mantiene una aceitada relación con la administración de La Libertad Avanza, se mostró alineado con la solicitud de Argentina y apoyó su presentación.

En tanto, el CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, Sebastián Maril, analizó la medida y se refirió a la postura del país gobernado por el republicano en el conflicto: "La intervención del Gobierno de EE.UU. en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación".

"Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones", agregó en esta línea en su cuenta de la red social X.

Por lo pronto, la jueza neoyorquina rechazó el lunes el pedido que había realizado Argentina de suspender el fallo que había emitido. No obstante, todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluida la apelación que pidió Argentina y que puede estar en trámite durante dos años, aunque la causa podría encaminarse para llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, tras comprárselas a la empresa Repsol en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.

Argentina logró la suspensión preventiva de la entrega de las acciones de YPF

La Argentina logró que la Cámara del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos disponga preventivamente la suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF a fondos demandantes, tras la negativa de la jueza Loretta Preska a acceder a ese pedido.

En principio, la decisión es por tiempo indeterminado, hasta que sea fijado por un tribunal que todavía deberá será convocado. "Se ordena que el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión", señaló el fallo.

Hace más de un año, en abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar u$s16.100 millones.

El fallo va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La medida de la jueza Preska ordena a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden". A su vez, BNYM deberá transferirlas "a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta".

El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, tras comprárselas a la empresa Repsol en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.

En su apelación, la Argentina había adelantado que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.